En realidad, la hostilidad
entre los bomberos canarios y las instituciones políticas de las que dependen
viene de largo. Concretamente, de hace siete años. Hace poco, el Tribunal
Supremo dio la razón a los bomberos en su pleito contra el consorcio, con el
que llevan en litigios desde 2012, primero por ampliar su horario de 37,5 a 40
horas semanales y a continuación por no retribuirles todas las horas extra que
ellos estiman que se les adeudan.
Esto se une a una situación
de cuerpos de bomberos infradotados, que han provocado que parques como el de
Tejeda —el más cercano a donde comienzan todos los grandes incendios de la
isla— no tenga dotación alguna.
No obstante, su
respuesta fue inequívoca. Todos a una. Muchos de estos bomberos incluso
interrumpieron apresuradamente sus vacaciones para no dejar solos a sus
compañeros, que llevan 10 días haciendo jornadas de 12 horas, de siete de la
mañana a siete de la tarde y viceversa.
Además de la denodada
actuación en las labores de extinción por parte de todo el mundo implicado, lo
único positivo de toda esta tragedia medioambiental es que no ha habido
víctimas y que el incendio ha sacado lo más altruista de los vecinos de Gran
Canaria. La solidaridad entre canariones se está extendiendo allí donde no
llegan las autoridades. Al fin y al cabo, es su isla lo que se quema. Ven que
el Cabildo no llega, se sienten la España ninguneada por los medios, lamentan
que Pedro Sánchez estuviera tardando en visitarles —Twitter aparte, el
Gobierno ha desplazado a la isla a los ministros Luis Planas y Margarita
Robles— y se han dicho a sí mismos que nada se va a arreglar solo.
Ahora solo queda,
cargados de esperanza y paciencia, encontrar la causa o causante de
los hechos, la distribución de los recursos económicos para volver a
empezar, ponerse de acuerdo las autoridades con quienes dicen representar y no
dejar para mañana una efectiva solución de las previsiones estudiadas.
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