No espabilamos. Entramos al
trapo de cualquier capote que nos pongan por delante. Entramos nosotros y lo
peor es que entran al trapo los políticos, que debieran saber distinguir las
verdaderas de las falsas polémicas.
Ahora, al parecer, toca
debatir sobre la conveniencia o no del puñetero (no se me ocurre otro término) “pin
parental”, es decir poner coto a un presunto abuso que realizan determinados
educadores sobre las inmaduras mentes de los escolares españoles en materia de
educación sexual, inculcándoles conductas que consideran los partidarios de ese
pin como pecaminosas, inmorales y, en suma, moralmente condenables. Según ellos
a nuestra juventud, cual flautista de Hamelin, se les lleva como ratitas dóciles
a la homosexualidad, al vicio, a la depravación sexual.., en un revolutum en el
que se mezclan conceptos de todo tipo, dando por sentado una serie de
principios y comportamientos que solo admiten una única visión de los
comportamientos sociales.
Si por ellos fuera no habría
lugar en el sistema educativo a la educación sexual. Prefieren que determinados
temas se diriman exclusvamente (o no se diriman nunca) en el ámbito familiar.
Apelan a la libertad de los padres a elegir los contenidos de los contenidos curriculares.
Suena bien la música de
cualquier canción cuya letra habla de “libertad” ¿cierto? Sin darnos cuenta que,
dejando abierta esa gatera, se nos cuelan luego ideas como la libertad de
vacunación de los hijos o que la tierra es plana o negar el genocidio nazi
durante la II Guerra Mundial. Mal empieza lo que mal acaba.
Parece mentira que entremos
al trapo de polémicas que muchos creíamos ya sobradamente superados. Alguien
saca partido de traerlas de nuevo a primer plano. Pero lo peor es que entren al
trapo dirigentes políticos que no quieren perder la oportunidad de soltar su discurso
delante del primer micrófono que les pongan delante. Una cosa es el debate político
-imprescindible para la toma de decisiones- y otra muy diferente apuntarse a
todas, tengan o no sentido.
Si en cualquier momento cualquier
centro educativo se excede en sus competencias a la hora de establecer los
contenidos de sus programas ya existen los cauces legales para denunciarlos y,
si procede, obligar su corrección. No son necesario nuevas leyes, lo que hay
que exigir es el cumplimiento de las que ya hay.
Flaco favor haremos a la
democracia y, por ende a nosotros mismos, si no aprendemos a separar el polvo
de las pajas.
