A pesar de encontrarnos ante la crisis humanitaria más grave de
la historia tras la segunda guerra mundial, denunciada sin descanso desde 2015
por multitud de organizaciones y colectivos a lo largo del estado español.
Hoy, en 2018, sigue siendo necesario denunciar que la situación de las
personas migrantes y refugiadas ha empeorado hasta convertirse en una
vergüenza para el continente en cuanto a Derechos.
Los gobiernos de la UE, lejos de responder a la solidaridad y
respeto por los Derechos Humanos por los que debe abogar, han incumplido todos
los acuerdos de acogida con la complicidad de otros gobiernos europeos, han
blindado nuestras fronteras con vallas y muros alambrados, reciben a personas migrantes
y refugiadas con concertinas y a golpes de palos e intentan cada día
criminalizar a personas que salvan vidas y luchan por los derechos humanos en
las fronteras.
Todo esto, bajo el paraguas de la impunidad que les permite
impulsar políticas que financian guerras, establecer acuerdos económicos que
expolian los recursos naturales de países empobrecidos y mercantilizan la vida
humana, obligando cada día a millones de personas a jugarse la vida en un
viaje sin retorno por un futuro digno.
Una muestra de esta política discriminatoria y excluyente es que
tenemos a miles de personas en nuestras fronteras, a las que se les niega el
acceso a una vida digna, mientras ven pasar camiones con toneladas de productos
elaborados con materias primas de sus países de origen para nuestro consumo.
España, desde el comienzo de esta crisis humanitaria, sólo ha
cumplido con el 16% de la cuota de acogida a la que se comprometió en 2016.
Esta situación, que deriva hacia crímenes y muertes, afecta de manera más
cruel a mujeres y niñas, que representan el 49% de la población refugiada y
migrante. Estas se ven afectadas por desigualdades de género y de poder; la
situación de vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas, hace que en
ocasiones se vean obligadas a contraer matrimonio para obtener ayuda y
protección para ellas y sus familias, o a dedicarse a la prostitución, o hace
incluso que sean víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Por todo esto, exhortamos a las instituciones competentes que se
posicionen y exijan a los gobiernos europeos:
- Un esfuerzo político real, dejando de lado los intereses
económicos, para acabar con las guerras y erradicar las violaciones a los
derechos humanos en los países de origen.
- Unas vías de acceso legales y seguras para las personas
refugiadas y migrantes, vías que les permitan ejercer su derecho al asilo de
manera digna y sin tener que arriesgar sus vidas en el camino.
- La puesta en marcha de una operación permanente de ayuda y
salvamento, con el objetivo de impedir la pérdida de más vidas de las
personas que intentan llegar por mar y que, al mismo tiempo, se combatan
activamente las organizaciones criminales de trata de personas.
- El establecimiento de un sistema amplio de visados humanitarios
y de reasentamiento para los solicitantes de asilo y una reagrupación más
ágil de las familias.
- No más persecución ni criminalización de la labor de quienes
luchan por los derechos humanos y para salvar las vidas de aquellas personas
que se ven obligadas a arriesgarla en el viaje migratorio; que los esfuerzos de
la justicia se dirijan hacia
quienes se lucren del tráfico de personas migrantes y quienes lo
favorezcan.
- El cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros/as,
que criminalizan y vulneran los derechos fundamentales de las personas
migrantes privándoles de libertad de identidad y de servicios y enseres de
primera necesidad, aportando soluciones como la recuperación de los Fondos por
la Inclusión, así como políticas institucionales integradoras.
Exhortamos también a las instituciones competentes que promuevan
unas relaciones internacionales entre los gobiernos basadas en la paz, se
supriman las economías de guerra y se dejen de financiar éstas. Tal como dice
el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas
entre las naciones”.
Asímismo reclamamos que se ponga fin a las distinciones por
razones de nacionalidad, religión o procedencia entre los beneficiarios de
protección internacional.
La indiferencia ante esta crisis humanitaria no sólo afecta a las
personas refugiadas y migrantes. También está dinamitando los valores de
solidaridad y respeto que cualquier sociedad debe sostener.
Como organizaciones y colectivos integrantes de la Plataforma SOS
Refugiados de Gran Canaria, nos comprometemos a seguir informando y
sensibilizando, denunciando e incidiendo con los actores públicos alrededor
del drama que viven millones de personas refugiadas, no sólo cada 20 de junio,
día internacional de las personas Refugiadas, sino a lo largo de todo el año,
de todos los años, hasta que se den los primeros pasos hacia un cambio real.
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