Acostumbrados nos tiene la
Iglesia Católica en nuestro país a actuar a un ritmo lento -desesperadamente
lento- a la hora de rectificar determinadas actuaciones, cometidas en su
pasado. Hoy aun personas importantes de cara a sus fieles -cardenales y
obispos- no dudan en manifestarse a favor de la discriminación de homosexuales
y lesbianas por ejemplo. Llevan décadas de retraso respecto a lo que son los hábitos
y la mentalidad de la mayoría de sus conciudadanos. Allá ellos, al fin y al
cabo es un problema de creencias individuales, aunque el conflicto surge cuando
unos pocos (y cada vez “más pocos”) pretenden obligar al resto a regir sus
comportamientos por unos códigos que ya no son respaldados por la mayoría.
Pero no es solo este tema -de
por sí ya grave- el menor de los conflicto Iglesia-Sociedad Civil. Esta misma
semana, el secretario general y (a la sazón) portavoz de la Conferencia
Episcopal Española, José María Gil Tamayo, admitía que durante años la Iglesia
ha guardado un "silencio cómplice" ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que se ha
enmarcado en un contexto de "inacción de toda la sociedad española"
ante estos delitos.
¿Silencio cómplice?... muy
condescendiente se muestra monseñor, máxime cuando añade que “Es verdad que la Iglesia está obligada a un
testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su
cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio”.
Cierto, no le falta razón. Como también es cierto que esta apostilla es lo que comúnmente
se llama “la estrategia del calamar”: extender la culpa para que el impacto de
su responsabilidad -su tinta negra- quede diluida, y por tanto minimizada, en
toda una responsabilidad colectiva, donde se difuminan los niveles de gravedad.
Allá cada cual con su
conciencia si en actos de pederastia solo estuviéramos teniendo en cuenta
aspectos morales. Pero la pederastia es, además, un delito. Y el reconocimiento
de este “silencio cómplice” es el reconocimiento de la complicidad con los
delincuentes: complicidad, ocultación, obstrucción a la Justicia… ¿Seguimos
añadiendo cargos?
Reconocer ese “silencio cómplice”
es sólo una parte de la respuesta que se debería esperar de la Iglesia Católica
en nuestro país, pero solo una parte. Porque hasta la fecha, quien ha llevado
la parte más pesada han sido las víctimas -las pasadas y las presentes-.
Algunos de esos delitos ya han prescito (entre otras cosas por culpa de ese “silencio
cómplice”), pero otros no. Sobre esos que aun no han prescrito falta que la
Iglesia opere en consecuencia (moral y legal) y los denuncie de motu propio,
sin escudarse en ese concepto vago de “inacción de toda la sociedad española”.
Pero en la Conferencia
Episcopal deben seguir pensando que… “mal de muchos… consuelo de obispos -añado
yo-.
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