Amnistía Internacional denuncia el clima de
autocensura impuesto por el gobierno, así como el artículo 578 o la persecución
a raperos o periodistas
La
persecución contra twitteros, titiriteros, raperos, artistas o periodistas, es
el eje central del informe anual de Amnistía Internacional sobre el Estado
español. La involución democrática y las nuevas legislaciones
mordaza están en el punto de mira del nuevo informe de la Organización,
que señala el artículo 578 del Código Penal como “especialmente preocupante” y
denuncia que “el estigma asociado a los cargos de “enaltecimiento” del
terrorismo puede tener también efectos duraderos y devastadoresen personas
cuyo fín era expresar libre y legítimamente ideas y opiniones”.
El
Informe dedica un apartado a las personas represaliadas en el marco de las
llamadas “operaciones araña”, a través de los casos de Arkaitz Terrón y J.C.V.
(Ambos de Barcelona), el informe expone que el objetivo de estas operaciones ha
sido el de “crear un clima de autocensura en la población”.
Otro
de los apartados del extenso informe presentado por la organización pone el
punto de atención en los ataques contra la libertad artística, a través de los
casos de La Insurgencia, Nyto, Pablo Hasel o Cesar Strawberry y conclye que
“estos casos reflejan una intolerancia creciente y peligrosa hacia
cualquier expresión,incluida la artística, que pueda considerarse
provocativa, inquietante o incluso ofensiva. Pero escandalizar a personas
diciendo o tuiteando ocantando cosas ofensivas no es delito. Aplicar
el derecho penal a estas expresiones no sólo estigmatiza, sino que
las graves consecuenciasque puede conllevar —como los antecedentes
penales, la cárcel y la inhabilitación— son
preocupantemente desproporcionadas”.
En
su capítulo dedicado a las restricciones a la libertad de prensa, el informe
arroja luz sobre los casos de nuestro compañero Boro LH o el cineasta Alejandro
García, de Resistencia Films, advirtiendo de que “es un reflejo inquietante de
la situación de la libertad de expresión en España que la mera
repetición de una frase utilizada por un grupo armado, como en el caso de
Boro, o entrevistar a personas que según el Estado han“enaltecido” a un
grupo armado, como en el caso de Alex, sea causa de un procesamiento
penal”.
El
informe advierte de que “en toda Europa, los Estados están restringiendo
diversas formas de expresión, incluida la expresión en Internet, so pretexto
de la seguridad nacional”. Y concluye, que “con el uso de estas
disposiciones para penalizar expresiones legítimas, las autoridades españolas
incumplen las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El
impacto del artículo 578 es devastador para las personas: desde cuantiosas
multas hasta largos periodos de exclusión del sector público, pasando por las
penas de prisión.Pero incluso más allá de estas sanciones, este uso
abusivo de las disposiciones antiterroristas lleva a las personas
a autocensurarse por miedo a sufrir la represión. La criminalización
de un abanico tan amplio de expresiones tiene un efecto paralizante y puede
crear un entorno en el que las personas teman expresar opiniones poco
populares o incluso de hacer chistes polémicos.Esta limitación y reducción del
espacio del debate público y abierto, el análisis y la crítica representa
una amenaza más a largo plazo para la fuerza de la sociedad civil y la
capacidad de garantizar no sólo el derecho a la libertad de expresión,
sino la defensa de toda una serie de derechos humanos fundamentales.
*ver informe en:
https://es.scribd.com/document/373642525/Informe-de-Amnistia-Internacional-sobre-la-libertad-de-expresion-en-Espana#from_embed
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