Me
sentí justamente indignado cuando, hace más de diez años, surgió la noticia de
que, en una conocida ONG en la cual colaboraba, parte de la directiva había
malversado fondos para sus intereses particulares. Fue uno de los primeros
escándalos -al cual han seguido otros-, alguno de ellos muy recientes y
significados.
Siempre
que salen a la luz tales escándalos surgen voces que apuntan a la inutilidad de
este tipo de organizaciones, como si su presencia estuviera demás. Enseguida,
aparecen descalificaciones, resaltando que gran parte del dinero que manejan se
van en burocracias inútiles, y que es raquítica las cantidades de aportaciones
que realmente llegan al cumplimiento de los fines estatutarios. No les falta
razón, pero sólo en parte. De nuevo hay quien aprovecha que el Pisuerga pasa
por Valladolid para hacer gala de sus prejuicios.
Si
extendiéramos ese argumento, acabaríamos disolviendo muchas comisiones de
fiestas de los pueblos, los casales falleros, más de un club deportivo (incluso
alguna que otra federación…), muchos municipios, alguna asociación de padres de
alumnos, una o dos casetas de feria de Sevilla, unas cuantas cofradías de
Semana Santa, asociaciones de excursionistas, unas cuantas diócesis y de
asociaciones de empresarios, un porrón de diputaciones y me sé de un par de
partidos políticos por lo menos.
Allí
donde se mueve capital se corre el riesgo de que afloren las miserias humanas,
la tentación de meter la mano en la caja o, al menos, malgastar la buena
voluntad de la gente. No es el fin de esas organizaciones el que las vuelve
vulnerables, es la falta de fiscalización –de control real de sus cuentas- lo
que las pudre y degenera.
No
vale tirar la toalla y bajarse del carro, borrarnos y darnos de baja de la
suscripción a esta u otra ONG. Para empezar, pagarán justos por pecadores y
–como siempre- sufrirán las consecuencias los que más necesitan la ayuda. Y
estamos hablando de vidas humanas, no de fiestas patronales ni peñas de
alpinismo.
Que
haya gente que haga de su capa un sayo con su ética o su conciencia no
significa que nosotros debamos hacer lo propio con las nuestras. Al contrario,
nos da argumentos para exigir mayor control y mejor fiscalización en su
gestión.
“Pagar
justos por pecadores”…, ese es en el fondo de la cuestión en realidad. Por el
mismo agujero por el que se pierde el dinero se van, sobre todo, vidas –VIDAS,
no expedientes-. Desaparecen personas, víctimas de redes de explotación
económica, sexual, tráfico de órganos… o simplemente abandonados a su suerte, a
la deriva, hacia unas playas a las no llegarán nunca.
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