No nos equivoquemos, los más perjudicados de cualquier huelga son los
convocantes. Es cierto que los usuarios de un servicio (público o privado) se
ven perjudicados en sus derechos como consumidor. Tal es la situación a la que
se ha llegado, por ejemplo, en el conflicto actual en el aeropuerto de El Prat
de Barcelona. Tiempo y dinero, ese es el precio que pagan los sufridos
viajeros, afectados por los retrasos de sus vuelos.
Pero no nos equivoquemos, repito, los más perjudicados de cualquier huelga
son los convocantes. Ellos sí que pierden su remuneración por las jornadas no
trabajadas o se exponen a expedientes y a despidos, a represalias –tácitas o
explícitas- de la empresa. Y lo hacen quienes ya tienen sus nóminas reducidas a
mínimos por la crisis, las privatizaciones y el cáncer de las subcontratas.
La Constitución española de 1.978 abría la puerta a la regulación de una
huelga, pero esa ley ha sido sistemáticamente dejada en dique seco por los dos
partidos que se han ido relevando en el poder. ¿Miedo, presiones, intereses de
unos u otros?
Sea lo que fuere, así estamos: colgados de la brocha, a espera de “laudos”
arbitrales que, en infinidad de ocasiones, los recursos de los sindicatos acaban
echando abajo por ilegales. Y con un gobierno que, en su afán de minimizar el
impacto de una huelga –que va a dañar su imagen en la prensa extranjera-
decreta unos servicios mínimos que, en más de una ocasión, suponen el 90% de
los ordinarios.
Por eso, no nos equivoquemos -insisto de nuevo-, los más perjudicados de
cualquier huelga son los convocantes. No frivolicemos. Como usuarios de un
servicio, somos víctimas inocentes de un conflicto que nos puede ser ajeno,
pero la huelga es el último recurso de quienes, como trabajadores con
contractos con clausulas leoninas (jornadas laborales reales por encima de las
14 horas, por ejemplo, reducciones de plantillas, bajas no cubiertas, etc.), no
tiene ya casi nada que perder.
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